Establecimiento De Mercado Y Mecanismos De Distribución Agrícola En Venezuela.

 

La comercialización de la materia prima

La intervención del Estado en la comercialización agrícola en Venezuela 

es de vieja data, la Ley del Banco Agrícola y Pecuario de 1937 asignó 

a esta institución atribuciones en el área de la comercialización. Pos-

teriormente la Ley de Reforma Agraria de 1960 le confirió al Estado, 

como obligación, la operación y el control de los servicios de almace-

namiento, conservación, transporte y distribución de productos agro-

pecuarios, asignándole a la industria privada un rol de colaboración en 

estas funciones.

En 1961 se crearon las Juntas Nacionales de Producción para la con-

certación de la comercialización agropecuaria y en 1962 se creó ADA-

GRO, para prestar servicios de almacenamiento y conservación de pro-

ductos agrícolas y con facultades para emitir Certificados de Depósitos 

y Bonos de Prenda, de acuerdo con la Ley de Almacenes Generales de 

Depósitos del año 1964.

En 1970 se creó la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA) para la 

planificación, fomento, regulación y evaluación de todas las fases del 

mercadeo de productos e insumos agrícolas y en consecuencia se la 

facultó para comprar y vender en el país y en el exterior, adquirir cose-

chas, formular programas de silos, frigoríficos y demás instalaciones 

para el acondicionamiento y mercadeo agropecuario y el pago de sub-

sidios, entre otras funciones.

La CMA se constituyó en un supra ente comercial que acaparó varios 

mercados, entre ellos el de cereales, monopolizando las importaciones 

y compras nacionales de materia prima, desviando sus actuaciones a 

la distribución al detal de productos procesados y experimentó pérdi-

das cuantiosas atribuibles a la aplicación de la política de precios míni-

mos y gastos de comercialización que representaron transferencias del 

Estado y el eje de las políticas públicas para el Sector.

En 1984 se liquidó la CMA y se creó la Dirección General Sectorial de 

Mercadeo Agrícola del Ministerio de Agricultura y Cría, con gran parte 

de las atribuciones de la CMA.

La garantía de recepción de la cosecha de los agricultores por parte del 

Estado, en especial la de los cereales, recayó en la CMA hasta su liqui-

dación en 1984 y se encargó de la recepción de la cosecha, su proce-

samiento post cosecha y del almacenamiento, realizando el suministro

a la industria de acuerdo con sus necesidades.

El abastecimiento agroalimentario en Venezuela se caracteriza por haberse estructurado en función del consumo de la población concentrada en los principales centros urbanos, y ha estado determinado en gran medida por la progresiva vinculación del sector agroalimentario venezolano al sistema agroalimentario configurado a escala internacional. Este vínculo se tradujo, en la práctica, en un alto grado de dependencia de las importaciones de materias primas para su procesamiento agroindustrial. De esa forma, el consumo alimentario de las ciudades en las cuales se concentró la población y el patrón internacional de abastecimiento definieron la configuración del sistema agroalimentario venezolano y, por consiguiente, la estructura de producción agrícola, la agroindustria, las formas de organización de abastecimiento y el consumo.

Aunque diversos hechos permiten sostener que la referida vinculación entre el sistema agroalimentario venezolano y el sistema internacional se remonta a los años anteriores a la década del 70, consideramos que el proceso cobró mayor nitidez a partir del boom petrolero de 1973. En efecto, a partir de ese año, cuando el precio del barril se disparó en el mercado internacional, la mayoría de los países productores de petróleo empezaron a registrar un brusco incremento de las importaciones de alimentos y materias primas de origen vegetal y, como corolario, experimentaron una significativa contracción de la producción agrícola1. En el caso de Venezuela, esta tendencia se consolidó a pesar de los esfuerzos desplegados por la mayoría de los gobiernos de turno para aliviarla. Desde 1989, la vinculación al comercio internacional agroalimentario y el proceso de apertura y liberalización que tuvo lugar en Venezuela condicionaron aún más la producción interna de alimentos al comportamiento de los mercados externos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el propósito de este trabajo consiste en analizar en forma general la articulación del sector agroalimentario venezolano al sistema agroalimentario configurado a escala internacional, y evaluar el rol que le correspondió desempeñar al Estado en este proceso. En particular, se analizarán las relaciones históricamente establecidas entre la producción agrícola nacional, las importaciones y la alimentación básica de la población

A fin de lograr esos propósitos, el trabajo ha sido desarrollado en varias partes. En las primeras secciones se identifican y analizan los aspectos más relevantes que caracterizaron la evolución histórica del sistema agroalimentario del país hasta arribar a su configuración actual. Más tarde, se intenta determinar la situación actual de la cuestión agroalimentaria venezolana como consecuencia de la evolución de este proceso y se analiza la actual decisión del Estado de participar directamente en los canales de distribución urbana de alimentos. El texto cierra con un análisis de las perspectivas futuras.

Las transformaciones ocurridas desde 1999

En diciembre de 1998 fue elegido presidente por una amplia mayoría Hugo Chávez. Al asumir el poder, Chávez convocó a una Asamblea Constituyente para refundar la república. En tres meses, la Asamblea emitió un proyecto de Constitución que fue refrendado por el voto popular el 15 de diciembre de 1999. Luego de la entrada en vigor de la nueva Constitución, se produjo una crisis de gobernabilidad como consecuencia de la aprobación y aplicación de 49 decretos-leyes con los que se pretendía llevar adelante el denominado «proceso revolucionario». El paro general del 10 de diciembre de 2001, que marcó el inicio de la crisis política, constituyó un movimiento general de rechazo a ese conjunto de decretos-leyes. Este hecho significativo será retomado más adelante; antes, se considera conveniente analizar las acciones del nuevo gobierno en materia agrícola durante sus primeros años.

La política agrícola del gobierno fue resumida en el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Alimentación preparado por el Ministerio de la Producción y el Comercio26, con el objetivo de rescatar, transformar y dinamizar las cadenas agroproductivas propiciando la competitividad y el desarrollo sustentable, promover el desarrollo del medio rural y garantizar la seguridad alimentaria. De acuerdo con las estadísticas, durante el año 2000 el sector agrícola primario registró un crecimiento cercano a 5% con relación al año anterior. Aunque por razones de espacio no es posible analizar de manera pormenorizada el comportamiento de todos los cultivos, la situación puede ilustrarse con el análisis de dos rubros: el maíz blanco y el café. El primero constituye la materia prima para el procesamiento de uno de los alimentos que conforman la dieta básica de la población, mientras que el segundo podría constituirse, por sus características, en uno de los principales productos de exportación. La producción de ambos cultivos registró una expansión significativa, básicamente debido a las políticas de financiamiento y a las expectativas de precios y recepción de las cosechas convenidas entre los productores agrícolas y las agroindustrias. A pesar de los acuerdos, la industria de harina precocida de maíz y un importante sector de la industria de café se resistieron a adquirir esa producción. El argumento fue, en el caso del maíz, una supuesta contracción de la demanda y suficientes inventarios hasta octubre de 2001 y, en el caso del café, las limitaciones en los flujos de caja para cancelar la cosecha y mantener inventarios.

¿Cuál fue la solución a esta situación difícil de entender en un país que buscaba desesperadamente un abastecimiento estratégico de materias primas para su procesamiento agroindustrial? Como en los viejos tiempos, el Estado tuvo que intervenir para resolver el problema. En el caso del café, el Estado decidió solicitar un crédito adicional por la cantidad de 8.600 millones de bolívares con cargo al presupuesto de la Corporación Casa SA a fin de constituir un fondo rotatorio para adquirir esa producción de café. En el caso del maíz blanco, se decidió solicitar al Ministerio de Finanzas la exoneración de los impuestos de importación de harina de soya y de maíz amarillo, materias primas utilizadas por la Industria de Alimentos Balanceados (IABA); de este modo, la producción de maíz blanco fue adquirida por esa industria (que también procesa harina precocida de maíz) a cambio de que el Estado otorgue a la IABA preferencias arancelarias para la importación de maíz amarillo, harina de soya, fríjol de soya y aceite de soya. Si bien la salida fue viable, las preferencias arancelarias para la adquisición de soya en el exterior pusieron en riesgo a los productores nacionales de maíz amarillo y de oleaginosas.

En los primeros años de gobierno de Chávez, es decir entre 1999 y el paro de 2002, el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), según las cifras reportadas por el Banco Central de Venezuela, experimentó las siguientes variaciones: -2,1% en 1999; 2,4% en 2000; 2,6% en 2001 y -1,6% en 2002.

Pero analizar las acciones emprendidas y la evolución de la agricultura durante este periodo permite ver solo una parte del cuadro de situación del sector agroalimentario venezolano. Para completar la pintura, es necesario dedicar algunas líneas al comportamiento de las importaciones de bienes agroalimentarios y a la inflación en el rubro de los alimentos y bebidas no alcohólicas y, por ende, el consumo de alimentos. En relación con el primer aspecto, hay que destacar que, pese al aumento del PIBA, las importaciones continuaron siendo muy importantes: 1.627 millones de dólares en 1999, 1.748 en 2000, 1.958 en 2001 y 1.660 en 2002. Respecto a la inflación, esta continuó en ascenso y el índice de precios de alimentos, según las cifras del Banco Central de Venezuela, continuó situándose por encima del índice general de precios: 10,6% en 2000; 16,1% en 2001 y 28,3% en 2002.